El presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, ha recordado que el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local que establece la obligación de realizar auditorías públicas a los entes locales «implica un control financiero-presupuestario de los entes locales más riguroso y sienta las bases de colaboración con los auditores privados».
Este Real Decreto entró en vigor el 1 de julio de 2018 y las primeras auditorías se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019.
Estas auditorías deberán realizarse de acuerdo a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
«Si bien el sector público representa en torno al 40% del PIB y engloba a más de 22.000 entidades, de ellas solo se auditan, aproximadamente, el 10%«, ha denunciado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, en el transcurso de su intervención en la V Jornada de Auditoría del Sector Público.
Por ello, Puig de Travy ha explicado que «la contratación de los auditores privados bajo el amparo de esta norma no supone la suplantación de la figura del funcionario público, sino que el papel del auditor privado es el de un colaborador, debido a que no pueden contratarse servicios cuya responsabilidad corresponda a los poderes públicos».
Pich, mientras tanto, ha afirmado que «la Ley de transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público y la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, han supuesto un importante avance en la racionalización y funcionamiento eficiente de las Administraciones, entre ellas, y de estas para con los ciudadanos», ha señalado, aunque ha considerado que queda camino por recorrer«.
También, ha pedido al Gobierno que incremente los medios de la Intervención General de la Administración del Estado y potenciar la colaboración de auditores públicos y privados, lo que puede ayudar en este sentido».
No obstante, ha querido dejar claro la labor en la mejora de la transparencia de los organismos públicos de control Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo.
Para Pich, «la adecuada gestión de los fondos públicos pasa por potenciar la colaboración con los órganos públicos de control que intervienen en este proceso».
Según lo previsto en el plan de estabilidad presupuestaria para el periodo 2017-2020, el objetivo de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas pasará de un 2,2%, previsto para 2018, a un 0,5% fijado para 2020, lo que supone una reducción a la cuarta parte en menos de dos años.
Alcanzar tan ambicioso objetivo pasa por reforzar los mecanismos de control que aseguren la eficiente gestión de cómo y a dónde se destina el dinero público.
Para el presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, Emilio Álvarez, «un avance satisfactorio en la colaboración público-privada en este terreno es que el plan anual de control financiero de las entidades públicas locales tendrá que contar con partidas presupuestarias suficientes que contemplen la contratación de firmas privadas de auditoría«. Surge de esta manera una colaboración más estrecha entre auditores públicos y privados que establece una contratación inicial de 2 años el mínimo exigido en la Ley de Auditoría de Cuentas es de 3 años para favorecer la mayor rotación e independencia del profesional contratado.
Finalmente, el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha señalado que los interventores locales son los que determinan el cumplimiento o no de las reglas fiscales, mientras que en el caso de las comunidades autónomas. los interventores remiten la información a la Intervención General del Estado, algo que para la Autoridad Fiscal «no es una buena idea».
«Es conveniente y funciona mucho mejor que sea la propia entidad la que se responsabilice de las reglas«, ha defendido el presidente de la AIReF, quien aboga por reforzar «el sentido de la propiedad de las reglas» y por reforzar el papel de los interventores locales para que no se limite solo a la remisión de información.
En todo caso, ha valorado que la mayor parte de las comunidades autónomas están cumpliendo la recomendación de la AIReF de elaborar informes sobre el cumplimiento de las reglas y de comparecer incluso en los parlamentos autonómicos, lo que va «en la línea del empoderamiento de los interventores».
Por último, señaló que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que los más de 13.000 ayuntamientos existentes en España acumularán a cierre del ejercicio 2018 un superávit de 7.000 millones de euros y en torno a 28.000 millones de euros en depósitos bancarios, al tiempo que reducirán su deuda incluso por debajo del límite del 3% fijado para las corporaciones locales.
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