La expiración del convenio entre la Junta y los registradores de la propiedad a partir del 31 de diciembre de 2019 afecta a más de 350 trabajadores de toda Andalucía y al equilibrio territorial de las provincias.
Con la ‘España vaciada’ en el epicentro del debate político no paran de surgir situaciones que alertan de esta tendencia imparable de la despoblación y, en consecuencia, de cierre o falta de servicios en el medio rural. Así, la disposición reciente de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía que informa de la expiración del convenio el 31 de diciembre de 2019 entre el Gobierno andaluz y las oficinas liquidadoras llevadas por registradores de la propiedad para la tramitación de los procedimientos tributarios cedidos supone un nuevo dilema para habitantes de las comarcas que más acusan el aislamiento administrativo.
El impedimento a estas oficinas de realizar estos trámites desde el pasado 5 de diciembre ha recibido críticas por parte de sindicatos como CSIF que denuncian el perjuicio para los más de 350 personas ocupadas en registros de la propiedad andaluces que ven esta situación con incertidumbre, pero además tiene un inconveniente para muchos ciudadanos que, sin las habilidades o los recursos telemáticos para efectuar estos trámites, tendrán que recorrer más de 100 kilómetros para pagar esos tributos. A lo que se suma el deterioro del servicio por las dificultades en relacionarse con la Administración a través de medios telemáticos.
Es el caso de los habitantes de la Comarca de Alhama a los que se les pretende asignar la oficina liquidadora de Motril –una de las tres que se mantendrían en la provincia junto a Guadix y Almuñécar– para hacer frente a estos procesos administrativos tales como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, el residual pago del Impuesto de Sucesiones –liquidado por el denominado ‘gobierno del cambio’ de la Junta– se traslada a las Gerencias Provinciales.
Esta supresión de servicios obedece al objetivo de la Junta de agilizar los recursos dentro de su Plan de Administración Electrónica para hacer más eficaces estos recursos. Es decir, que obliga a los ciudadanos a presentar la documentación a través de internet y también a solicitar la cita previa telemáticamente, ya que se elimina la posibilidad de hacer consultas.
De esta forma, las oficinas gestoras realizarían las operaciones de comprobación y las demás quedarían limitadas a recepción de documentación y atención por cita previa.
Los vecinos de la Comarca de Alhama no son los únicos que tienen este perjuicio. Otras comarcas granadinas azotadas por el problema de la despoblación como la Alpujarra también se quedarían sin oficinas liquidadoras y sus habitantes sin conocimientos o recursos para hacerlo a través de internet tendrían que ir hasta Motril como los oscenses y los vecinos de Huéscar, caso aún más sangrante que el de Alhama, se les obligaría a recorrer la friolera de 200 km para realizar los trámites
En el caso de los residentes en municipios dependientes del partido judicial de Baza, Iznalloz y Loja tendrían que desplazarse a Guadix mientras que la oficina liquidadora de Almuñécar realizaría los trámites de Montefrío y Santa Fe.